Soy Daniela Giorgetta de Soberanía Sanitaria y expondré sobre el cierre del Programa Remediar y los recortes en la cobertura de medicamentos del PAMI. PAMI es la cobertura de salud estatal de las personas jubiladas y pensionadas, la más grande de Latinoamérica.
El Programa Remediar fue creado en 2002 y durante más de veinte años garantizó medicamentos esenciales gratuitos en los centros de atención primaria de todo el país. Constituyó una de las principales herramientas para garantizar el acceso universal a medicamentos y reducir las desigualdades territoriales. Entre ellos, medicamentos para enfermedades respiratorias infantiles, como la bronquiolitis, cuya falta aumenta las formas graves de la enfermedad y las muertes evitables en la infancia.
En abril de 2026, el Estado nacional anunció el cierre del Programa Remediar. El vademécum, que incluía 75 medicamentos esenciales como antibióticos, analgésicos, tratamientos para enfermedades respiratorias, infecciosas o digestivas, fue reemplazado por la distribución de apenas tres medicamentos cardiovasculares. De los más de 8.000 centros de atención primaria que recibían medicamentos, solo alrededor de 800 continuarán recibiendo distribuciones. Los tratamientos cayeron un 62% entre 2022 y 2025.
Esta decisión constituye una medida de alto impacto sanitario, económico y federal. Debilita la capacidad del sistema público para garantizar medicamentos esenciales, interrumpe tratamientos, traslada el costo a las personas y obliga a las provincias a sostener con recursos propios una política que hasta entonces financiaba el Estado nacional, sin transferirles los recursos necesarios para hacerlo. En palabras de un director de un Centro de Atención Primaria de la Salud: “Antes, el médico atendía, prescribía y el paciente se iba con la medicación. Hoy se va con una receta que muchas veces no puede comprar.»
La misma lógica se observa en la obra social PAMI. El Estado redujo la cobertura de medicamentos y trasladó ese costo a las personas jubiladas, que hoy deben afrontar de su bolsillo tratamientos que antes les garantizaba su cobertura de salud. Como consecuencia, entre noviembre de 2023 y febrero de 2025 el gasto de bolsillo aumentó más de 300%, mientras que los haberes crecieron apenas más de 170%. Las dispensas de medicamentos cayeron un 26%. Detrás de ese dato hay miles de personas mayores que abandonan tratamientos porque ya no pueden pagarlos. Deben elegir entre comer o medicarse. Cito el testimonio de una jubilada de 79 años: “Hace seis meses que no puedo comprar mis medicamentos. El otro día vine a comprar varios y tuve que dejarlos todos porque no me alcanzaba. No me ayuda nadie, como una vez por día.” Cuando el acceso a los medicamentos depende del bolsillo, esto se traduce en enfermedad, en pérdida de calidad de vida y en muertes evitables.
Estos ejemplos muestran que no estamos frente a decisiones aisladas, sino frente a una política sistemática de regresión del derecho a la salud. El sistema de acceso universal sigue existiendo en las leyes, pero el Estado está abandonando las políticas que lo hacían posible.