Discapacidad en Emergencia: ajuste y derechos vulnerados
Los recientes cambios en la Agencia Nacional de Discapacidad reflejan un proceso de ajuste que impacta en el acceso a derechos básicos de las personas con discapacidad en la Argentina.
INTRODUCCIÓN
El presente informe analiza la situación actual de la política pública en torno a la discapacidad en Argentina, en un contexto atravesado por medidas de ajuste que han tenido un impacto directo en el acceso a derechos básicos por parte de las personas con discapacidad. A partir de los cambios recientes en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se examinan los efectos de las auditorías sobre pensiones y recortes presupuestarios.
EL AJUSTE EN DISCAPACIDAD
Durante la gestión reciente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se implementaron medidas de reducción presupuestaria y de programas en el marco de una auditoría cuestionada por su posible carácter discriminatorio y denunciada ante organismos internacionales. Según datos oficiales, estas medidas derivaron en la suspensión de aproximadamente 110 mil pensiones por invalidez, con una proyección de más de 400 mil casos hacia fin de año.
El procedimiento de auditoría aplicado a las pensiones ha sido fuertemente criticado por su falta de transparencia y por las múltiples barreras que impuso a las personas con discapacidad. Las cartas documento enviadas para notificar las citaciones, en su mayoría, nunca llegaron a destino, lo que generó que muchas personas no se enteraran de la obligación de presentarse. Quienes sí recibieron la notificación, en muchos casos, debían trasladarse a lugares ubicados a cientos de kilómetros de su residencia, sin considerar las limitaciones propias de la discapacidad ni las dificultades económicas para afrontar traslados de esa magnitud. Además, se les exigió cumplir con numerosos trámites y presentar documentación repetitiva, lo que implicó un esfuerzo desproporcionado para sostener una pensión que constituye, para muchos beneficiarios, su único ingreso y la vía de acceso a la cobertura de salud.
La ANDIS se creó en el año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, mediante el Decreto 698/2017. A través de este instrumento normativo se absorbieron las funciones de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social). Posteriormente, en 2018, a través del Decreto 95/2018, se incorporaron a la Agencia el Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR) y el Programa Federal Incluir Salud, a través del Decreto 160/2018, que hasta entonces dependían del Ministerio de Salud de la Nación.
Desde su creación hasta el año 2024, la ANDIS dependió de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Posteriormente, durante el gobierno de Javier Milei, mediante el Decreto 585/2024, se dispuso su traspaso al Ministerio de Salud de la Nación, en un contexto de despidos de trabajadores con larga trayectoria en el organismo.
Es importante señalar que la concentración institucional de distintos organismos vinculados a políticas públicas sobre discapacidad, que se produjo en 2017, no generó la articulación necesaria para facilitar el acceso a los trámites que deben realizar las personas en la ANDIS, tales como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la pensión por invalidez o la afiliación para obtener la cobertura de Incluir Salud.
Desde diciembre de 2023, con la asunción del nuevo gobierno, la conducción de la ANDIS estuvo a cargo de Diego Spagnuolo hasta su reciente intervención judicial, por sospechas de corrupción.
Esta grave situación se enmarca en un escenario de fuerte ajuste presupuestario que atraviesan las personas con discapacidad.
En 2025, el presupuesto asignado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) asciende a $4.830.425 millones. Durante 2024, la ejecución presupuestaria había sido de $3.707.502 millones, en un contexto de una inflación acumulada del 117,8%. Esto significó, en términos reales, una reducción del 40% en los recursos disponibles.
El ajuste afectó de manera especialmente significativa a los programas de “Acciones de integración de personas con discapacidad” y de “Prevención y control de discapacidades”, ambos con una disminución del 52% en términos reales.
La reducción presupuestaria impactó también en los prestadores de salud y educación que trabajan con estos programas, quienes denunciaron la falta de actualización de sus ingresos desde diciembre de 2023, situación que compromete el sostenimiento de sus actividades.
¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTO?
El sistema prestacional vigente desde 1997, cuando se sancionó la Ley 24.901 “Sistemas de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad”, se encuentra actualmente en riesgo. Esta ley estableció un régimen de prestaciones para garantizar a las personas con discapacidad una cobertura integral, incluyendo servicios de rehabilitación, terapéutico-educativos, educativos y asistenciales. Los pagos de estas prestaciones se realizan conforme a un nomenclador que, en la actualidad, no se actualiza adecuadamente.
Esta situación crítica derivó en la presentación de un proyecto de ley: “Emergencia Nacional en Discapacidad”, el cual declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive. Este proyecto propone una reforma del sistema de pensiones no contributivas (instituye las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social), el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901 (regularización de pagos y actualización de aranceles), financiamiento adecuado y sostenible de la ANDIS y para el cumplimiento de la Ley 26.816 (Régimen Federal de Empleo Protegido para personas con discapacidad). El proyecto de Ley , que fué acompañado por el colectivo de las personas con discapacidad, había sido aprobado por el Senado el 10 julio último, pero el 4 de agosto el Presidente de Milei lo vetó para “no comprometer el equilibrio fiscal”, decidiendo de esta manera comprometer la vida de las personas con discapacidad. El 21 de agosto la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial y, posteriormente, el 4 de septiembre la Cámara de Senadores hizo lo propio. De este modo, quedó firme la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la cual busca dar respuesta a la compleja situación que atraviesa la población argentina, en particular las personas con discapacidad y sus familias.
Las decisiones adoptadas por el gobierno de Javier Milei tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. La pérdida de la pensión asistencial implica, de manera inmediata, la pérdida de la cobertura de Incluir Salud. Esto repercute en múltiples dimensiones, por ejemplo, al impedir la asistencia a un Centro de Día cubierto por dicho programa o al suspender prestaciones educativas, lo cual vulnera el derecho a la educación inclusiva.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) entiende a la discapacidad como un concepto en evolución, que resulta de la interacción entre las deficiencias de una persona y las barreras actitudinales y contextuales que limitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Define a las personas con discapacidad como aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con dichas barreras, pueden ver restringida su participación en la sociedad en igualdad de condiciones.
Argentina aprobó la Convención y su Protocolo mediante la Ley 26.378, sancionada el 21 de mayo de 2008 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de junio del mismo año.
Las personas con discapacidad suelen tener menos acceso a servicios de salud, lo que genera necesidades insatisfechas y desigualdades significativas respecto de la población sin discapacidad. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad (OMS y Banco Mundial, 2011), presentan peores resultados en salud y educación, menor participación económica y mayores niveles de pobreza, en parte debido a barreras que restringen su acceso a atención médica, educación, empleo, transporte e información, situación que se intensifica en los sectores de mayor vulnerabilidad. En este marco, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) impulsa políticas orientadas a mejorar la equidad y la inclusión en los sistemas de salud, en concordancia con los marcos normativos regionales y globales de derechos humanos.
La comprensión de la discapacidad ha evolucionado desde un enfoque centrado en la condición médica hacia una perspectiva social, que considera el entorno físico, social, cultural y político. Desde este punto de vista, la discapacidad se entiende como el resultado de la interacción entre deficiencias individuales y barreras físicas, sociales, culturales y/o políticas que dificultan el ejercicio efectivo de los derechos.
En este sentido, el paso de un modelo médico-rehabilitador a un modelo social supone un cambio conceptual: la discapacidad deja de asociarse a un problema individual para pensarse como una construcción social. Este enfoque propone un modelo político emancipador, orientado a superar la estigmatización, la ideología de la normalidad y la dependencia, para promover la autonomía, la vida en comunidad y la independencia.
DISCAPACIDAD EN CIFRAS
En América Latina y el Caribe se estima que el 12% de la población, aproximadamente 66 millones de personas, vive con alguna discapacidad.
Gráfico 1: Porcentaje de personas con discapacidad en América Latina y el caribe
Todos los países y territorios de la región han firmado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de los cuales 41 la han ratificado.
Asimismo, 17 países suscribieron la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Las personas con discapacidad tienen entre 2 y 4 veces más probabilidades de fallecer en situaciones de desastre o emergencias que aquellas sin discapacidad.
A pesar de los compromisos asumidos, numerosos establecimientos y servicios de salud en la región continúan siendo inaccesibles, debido a limitaciones en infraestructura, barreras de comunicación, falta de capacitación de los profesionales y restricciones financieras.
CONCLUSIONES
El análisis de la situación reciente de las políticas públicas en torno a la discapacidad en Argentina evidencia una reducción en los recursos asignados a programas centrales para la inclusión y el cuidado integral. Estas medidas, junto con los obstáculos estructurales que enfrentan las personas con discapacidad, ponen de relieve la necesidad de garantizar marcos de protección que aseguren el acceso equitativo a servicios de salud, educación y rehabilitación.
La evolución conceptual de la discapacidad hacia un enfoque social y de derechos humanos refuerza la importancia de que las políticas públicas se orienten no solo a atender las necesidades individuales, sino también a eliminar las barreras que restringen la participación plena en la sociedad. Garantizar la continuidad y actualización de programas como Incluir Salud y de las prestaciones contempladas en la Ley 24.901 resulta indispensable para evitar que los derechos de las personas con discapacidad se transformen en privilegios restringidos.
El ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei, materializado en recortes presupuestarios y suspensión de pensiones, implica un retroceso en el reconocimiento de los derechos conquistados y coloca a las personas con discapacidad en una situación de mayor vulnerabilidad estructural. Estas decisiones no solo afectan la calidad de vida de miles de personas y sus familias, sino que además debilitan el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. En este contexto, el desfinanciamiento de políticas esenciales puede interpretarse como una forma de exclusión institucionalizada que amenaza con consolidar la desigualdad y profundizar la marginación social de un sector históricamente postergado.
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