Jubilados y jubiladas: ¿una Navidad sin medicamentos?

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Una vez más este año, la cadena de comercialización y distribución de medicamentos es tema de controversia y conflicto.

La Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (FACaF), la Federación Farmacéutica de la República Argentina y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina emitieron un comunicado manifestando que las farmacias del país suspenderán la atención a los afiliados de PAMI en reclamo de un convenio del Instituto con la Industria Farmacéutica, que resulte sanitariamente sustentable, económicamente sostenible para las farmacias y que no afecte el bolsillo de los jubilados.
Por segunda vez en este año, las farmacias de todo el país dejaron de entregar medicamentos a los afiliados del PAMI. Las entidades reclaman que no se prevé ningún cambio en el actual modelo por parte de PAMI, lo cual implica que las farmacias ya no puedan seguir sosteniendo la dispensa de medicamentos de manera gratuita, a riesgo de su propia subsistencia. Esta situación es sumamente grave si tenemos en cuenta que esto afecta a la totalidad de la población ya que las farmacias no podrán garantizar la reposición no sólo de los medicamentos de los jubilados sino de todos.
El Convenio PAMI-Industria Farmacéutica (Cilfa, CAEME y Cooperala) para la provisión de medicamentos, data de 2002 y es un factor determinante en la definición de políticas de medicamentos a nivel nacional, no sólo en términos de precios sino también de sustentabilidad de la cadena de prescripción-comercialización-provisión-dispensa de los mismos. En este acuerdo es la propia industria la que se relaciona con la red de farmacias a través de las entidades que las agrupan para definir pagos y retenciones. O sea que PAMI paga a la industria, a un valor casi al del medicamento por menor, a pesar de realizar compras para unos 5 millones de afiliados, y la industria luego lo traslada a las farmacias. Hoy los colegios y las federaciones farmacéuticas informan que las farmacias de todo el país no cobran desde septiembre, desconociendo los motivos de esa demora ya que no participan del convenio que es firmado exclusivamente entre PAMI y la industria. Además de este desconocimiento sobre cuál es la situación real motiva esta medida que son las farmacias las que están sosteniendo la dispensa de los medicamentos, pagando a los 15 días a las droguerías que se los entregan, presentando dificultades para la reposición de medicamentos debido a la deuda de 3 meses de prestaciones ya realizadas. Las farmacias se encuentran en una situación complicada para poder sostener la dispensa sin cobrar lo adeudado.
Cualquiera de estas medidas implicaría en última instancia un aumento en el gasto de bolsillo de los jubilados y jubiladas al momento de comprar los medicamentos que necesitan.
Cualquiera de estas medidas implicaría en última instancia un aumento en el gasto de bolsillo de los jubilados y jubiladas al momento de comprar los medicamentos que necesitan. El gasto en salud en general y en medicamentos en particular es, en muchos países, la principal causa de movilidad descendente, es decir “produce pobres”. En nuestro país, el gasto de bolsillo en medicamentos de los adultos mayores puede comprometer la totalidad de su jubilación.
Lo cierto es que todas las medidas apuntan a reducir la nómina de medicamentos con cobertura al 100% establecida por la Resolución 337 del Instituto, es decir los que PAMI entrega gratuitamente para enfermedades crónicas o por razones sociales y que brindan cobertura a 2 millones de afiliados aproximadamente. Esta medida se plasmó en la Resolución 439 del Instituto, que entró en vigencia en abril de este año y que recortó la cobertura al 100% para 160 fármacos.

Andrés Ibarra, ministro de Modernización y Carlos Regazzoni, interventor de PAMI
Para el actual interventor del gobierno en el PAMI, Carlos Regazzoni, el dinero que tiene presupuestado para el 2017 no será suficiente para cubrir las prestaciones, tal como están acordadas en el convenio vigente. En las tratativas para la prórroga del convenio que rige hoy, si se mantuviera la metodología prestacional actual, el PAMI se ha fijado un tope de gasto por segmento a pagar por el Instituto de 2.500 millones por mes, lo que no alcanza para pagar las prestaciones que se dan actualmente.
En síntesis, el interventor del PAMI se aferra a un presupuesto que no le alcanza para el próximo convenio y está evaluando medidas para reducir el gasto en medicamentos, siendo que PAMI es el principal y mayor comprador del país, con 5 millones de afiliados de un sector social y etario que consume más medicamentos que la media. He allí el punto clave de la cuestión. Las medidas que se tomen serán un reflejo de la política de medicamentos y de la concepción de salud de la actual gestión.
Una gestión eficiente del PAMI es posible con una política de medicamentos que parta de la salud como derecho y no como mercancía, considerando al medicamento como un bien social.
Una gestión eficiente del PAMI es posible con una política de medicamentos que parta de la salud como derecho y no como mercancía, considerando al medicamento como un bien social. No es inviable: con la cantidad de medicamentos que PAMI adquiere, estaría en condiciones de realizar compras centralizadas, reduciendo así notablemente los precios; o podría controlar el precio minorista, a través de la regulación de precios (como se hacía anteriormente desde la Secretaría de Comercio) redundando en un beneficio para el PAMI y también en una reducción de los costos de medicamentos para la población en general. Pero para cualquiera de estas opciones, se necesita una decisión política en el marco de un Estado que regule a la industria farmacéutica, que en el actual contexto continúa aumentando los precios aún por encima de la inflación.

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