Dos años de gestión del gobierno de Javier Milei en el sistema de salud argentino

Análisis del desfinanciamiento y la desarticulación institucional del sistema de salud, y de sus consecuencias sanitarias.

Introducción

El presente informe analiza los principales lineamientos, decisiones y resultados de la política sanitaria nacional durante los dos primeros años de gestión del gobierno de Javier Milei. En un sistema de salud con organización federal, la intervención del Estado nacional resulta determinante en términos de rectoría, financiamiento, provisión indirecta de bienes y servicios esenciales, y coordinación interjurisdiccional. En este marco, el período de 2024 y 2025 se caracteriza por una redefinición profunda del rol del Estado en salud, con impactos significativos sobre el acceso, la prevención, la capacidad institucional y la equidad del sistema.

En este sentido es que se analizan las principales transformaciones introducidas en materia de medicamentos, programas sanitarios, capacidad de rectoría del Estado, formación de recursos humanos, financiamiento hospitalario y funcionamiento de organismos estratégicos.

Ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de la Nación

Durante el período 2024 y 2025, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de la Nación se caracteriza por una contracción significativa de los recursos en términos reales, acompañada por elevados niveles de subejecución. Este patrón no solo refleja una reducción del gasto sanitario, sino también una pérdida de capacidad de gestión y de rectoría del sistema por parte del Estado nacional.

Entre 2023 y 2024, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud registra una caída real del 31%. En 2025 se observa una nueva reducción del 13% respecto del año anterior, acumulando una disminución real del 34% en relación con 2023¹.

Gráfico 1. Ejecución presupuestaria Ministerio de Salud de la Nación

Valores constantes 2024, en miles de millones.

La reducción del gasto se ve agravada por una subejecución persistente de los créditos vigentes, particularmente en partidas vinculadas a la atención directa, el sostenimiento de efectores públicos y la provisión de bienes y servicios esenciales. Esta dinámica contribuye a desarticular políticas sanitarias nacionales y a trasladar crecientemente responsabilidades a las provincias.

Programas sanitarios

En paralelo al ajuste presupuestario general, la gestión se caracterizó por el cierre, desfinanciamiento o subejecución de programas sanitarios estratégicos, debilitando la capacidad del Estado nacional para sostener políticas de prevención, promoción y acceso en todo el territorio.

En 2024, el presupuesto ejecutado en programas sanitarios del Ministerio de Salud descendió un 35% en términos reales. Entre los programas más afectados se encuentra SUMAR, con una caída del 28%, lo que impacta directamente sobre el financiamiento del primer nivel de atención y la capacidad de las provincias para sostener prestaciones básicas. En 2025, si bien la caída total se modera, persiste una reducción real del 14% respecto del año anterior.

Gráfico 2. Evolución presupuesto ejecutado en Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación

En miles de millones. Valores constantes 2024

Fuente: MECON

El ajuste también alcanza a programas críticos vinculados a la prevención y control de enfermedades. El Programa de VIH registra una reducción real cercana al 50% en 2024, mientras que en 2025 el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles presenta una caída del 30%, afectando partidas directamente asociadas a la distribución de vacunas del Calendario Nacional.

Estas decisiones se inscriben en un proceso más amplio de desarticulación de políticas sanitarias nacionales, que incluye el cierre o debilitamiento de programas orientados al trabajo territorial, la producción de conocimiento y la prevención, trasladando crecientemente la responsabilidad de sostener estas acciones a las provincias y profundizando las desigualdades entre jurisdicciones.

Hospitales Nacionales y SAMIC

Dentro de este marco general, los hospitales nacionales resultan especialmente afectados. El Hospital Posadas, que concentra aproximadamente dos tercios del presupuesto total en hospitales nacionales, ejecutó en 2024 un presupuesto que, en términos reales, implicó una reducción del 32% respecto de 2023. Esta contracción impacta sobre un efector de alta complejidad y alta demanda asistencial, afectando su capacidad operativa y de respuesta.

En el caso del Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, la reducción acumulada del gasto en términos reales, entre 2023 y 2026 alcanza el 46%, profundizando el deterioro de la capacidad de atención en un área crítica como la salud mental y las adicciones.

A este proceso se suma la derogación de los sistemas nacionales de facturación, evaluación y auditoría para hospitales públicos de gestión descentralizada, lo que redujo la capacidad de los efectores para recuperar costos por prestaciones brindadas a pacientes con cobertura de la seguridad social. La combinación de menores recursos reales, subejecución y debilitamiento de los mecanismos de recupero incrementa la vulnerabilidad financiera de los hospitales públicos.

La situación se replica en los hospitales bajo la modalidad de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), establecimientos de alta complejidad cofinanciados por el Estado nacional y las provincias. Entre 2023 y 2025, las transferencias del Ministerio de Salud de la Nación a los hospitales SAMIC se redujeron en términos reales un 17% en el total agregado, con caídas significativas en establecimientos estratégicos como Garrahan, El Cruce, El Calafate y Esteban Echeverría.

Cuadro 1. Transferencias del Ministerio de Salud de la Nación a Hospitales SAMIC

En miles de millones. Valores constantes 2024

Fuente: MECON

La reducción de las transferencias nacionales tensiona los esquemas de cofinanciamiento y traslada crecientemente la carga financiera a las provincias. En un contexto de heterogeneidad fiscal, esta dinámica profundiza las desigualdades territoriales y compromete la sostenibilidad de efectores de alta complejidad que cumplen funciones estratégicas a nivel regional y nacional.

La contracción del presupuesto sanitario nacional tiene impactos directos sobre políticas específicas, particularmente en aquellas vinculadas al acceso a medicamentos y tratamientos esenciales.

Medicamentos

En el marco del ajuste presupuestario y la subejecución del gasto sanitario nacional, la política de medicamentos durante los primeros años de la gestión del gobierno de Javier Milei se caracteriza por una retracción del rol del Estado en la provisión, regulación y financiamiento de medicamentos esenciales, con impactos directos sobre el acceso, la continuidad de los tratamientos y el gasto de bolsillo de la población.

Uno de los ejes centrales es la contracción de los programas nacionales de provisión directa. Se registra una reducción significativa en la distribución de medicamentos del programa REMEDIAR y una disminución en la entrega de tratamientos oncológicos de alto costo, debilitando la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y afectando de manera desproporcionada a los sectores de menores ingresos.

Gráfico 3. Distribución de medicamentos

Programa de Acceso a Medicamentos Insumos y Tecnología Médica
Botiquines Remediar, eje izquierdo en miles de unidades
Tratamientos Oncológicos, eje derecho, en miles de unidades

Fuente: MECON

En paralelo, se observan retrocesos en las políticas de salud sexual y reproductiva. Durante 2024, la distribución de métodos anticonceptivos y preservativos se redujo de manera abrupta como resultado de la subejecución de metas físicas, comprometiendo la continuidad de estrategias preventivas y profundizando desigualdades territoriales.

En el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, se puede observar la distribución de preservativos y MACs (Gráfico 4). La distribución de MACs ha sido estable en torno a los 7,5 millones en todo el período de análisis salvo en 2024, en el que la meta se subejecuta alcanzando los 2,5 millones. Los preservativos tuvieron una distribución inestable durante el período analizado, variando entre 10 y 24 millones de unidades anuales, aunque también bajan sustantivamente en 2024, alcanzando sólo 2,4 millones.

Gráfico 4. Distribución de preservativos y MACs.

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
En millones de unidades

Fuente: MECON

El segundo eje clave del período es la modificación de los esquemas de cobertura de medicamentos del PAMI. Entre fines de 2023 y 2025, el gasto de bolsillo de los afiliados aumentó muy por encima de la inflación general y de la evolución de los haberes jubilatorios, como consecuencia de cambios en el precio de referencia y de la eliminación de coberturas plenas para medicamentos de uso frecuente.Estas decisiones trasladaron el ajuste directamente a los adultos mayores.

Gráfico 5. Aumento acumulado del gasto de bolsillo de los afiliados de PAMI y comparación con otras variables seleccionadas.

Período de análisis: noviembre de 2023 a noviembre de 2025
Valores: variación acumulada del período

Fuente: PAMI, INDEC

Las consecuencias de esta política se reflejan en una caída sostenida del consumo de medicamentos bajo receta, particularmente entre los afiliados de PAMI. En la provincia de Buenos Aires, la dispensa se redujo de manera significativa, con impacto transversal en todas las categorías terapéuticas, incluyendo medicamentos de uso crónico y de salud mental, cuya discontinuidad implica riesgos sanitarios relevantes.

Gráfico 6. Evolución de las dispensas de medicamentos de PAMI en provincia de Buenos Aires

En millones de unidades. Período de análisis: enero 2024 agosto 2025

Fuente: COLFARMA

Este fenómeno trasciende a la población del PAMI y se expresa a nivel nacional. Entre 2023 y 2025, la cantidad total de medicamentos dispensados en el país se redujo de forma generalizada, tanto en medicamentos bajo receta como de venta libre, evidenciando una restricción más amplia del acceso.

Gráfico 7. Evolución de la cantidad mensual de medicamentos dispensados, por tipo de medicamento.

Fuente: elaboración propia en base a COFA

Este proceso se articula con un aumento de la demanda de medicamentos en el sector público por parte de personas con cobertura de obra social o prepaga, que recurren a efectores estatales para sostener tratamientos ambulatorios de bajo costo, evidenciando un desplazamiento de la demanda hacia un sistema público crecientemente desfinanciado.

Formación de la fuerza laboral en salud

La formación de la fuerza laboral en salud constituye un pilar central para la sostenibilidad del sistema sanitario. Durante el período analizado, la gestión del gobierno de Javier Milei introdujo transformaciones estructurales caracterizadas por una retracción del rol del Estado nacional en el financiamiento, la rectoría y la planificación de la formación, con efectos directos sobre la disponibilidad futura de personal sanitario y la profundización de desigualdades territoriales.

En el nivel de formación inicial y técnica, el Presupuesto Nacional 2026 consolidó un proceso de desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional mediante la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058, que garantizaba un piso mínimo de recursos para el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional. Esta decisión formalizó un vaciamiento progresivo que ya se venía registrando en años previos y eliminó un instrumento clave para sostener infraestructura, equipamiento e insumos en escuelas técnicas y centros de formación profesional.

El impacto resulta particularmente crítico en el sector salud, donde la formación técnica requiere prácticas profesionalizantes, simulación clínica y equipamiento específico. La restricción de estos recursos afecta directamente la calidad de la formación en áreas estratégicas como enfermería, laboratorio, radiología e instrumentación quirúrgica, y profundiza las brechas entre jurisdicciones con distinta capacidad fiscal.

A este proceso se suma el debilitamiento del sistema de residencias, principal dispositivo de formación de posgrado de los profesionales de la salud. En 2025, la Resolución 2109/2025 del Ministerio de Salud de la Nación redefinió el vínculo de los residentes como “beca”, excluyendo cualquier encuadre laboral y profundizando la precarización en un contexto ya marcado por bajos ingresos y alta carga asistencial.

Asimismo, tras irregularidades detectadas en el Examen Único de ingreso, se resolvió su desarticulación y la provincialización del proceso de selección a partir de 2026. Esta decisión implica la pérdida de un instrumento nacional que garantizaba criterios comunes de evaluación, reducía barreras económicas y territoriales de acceso y aportaba información estratégica para la planificación sanitaria.

En conjunto, el desfinanciamiento de la formación técnica, la precarización del sistema de residencias y la fragmentación del acceso a la formación de posgrado configuran un proceso de debilitamiento estructural de la fuerza laboral en salud. Estas decisiones se superponen con recortes a los establecimientos formadores y comprometen la capacidad del sistema sanitario para responder de manera equitativa y sostenida a las necesidades de la población.

Discapacidad

El proceso de desfinanciamiento y desarticulación institucional del Estado nacional también alcanza a los organismos vinculados a la atención y cuidado de personas con discapacidad. Entre 2023 y 2025, el presupuesto ejecutado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) registra una reducción real del 25%, situación que además, se ve agravada por cambios normativos que afectan el acceso efectivo a las prestaciones.

Durante 2024, la ejecución presupuestaria de ANDIS se ubicó sistemáticamente por debajo del crédito vigente, con particular impacto en las partidas destinadas a pensiones no contributivas, apoyos económicos y programas de inclusión. En 2025, si bien el crédito aprobado muestra una leve recomposición nominal, la ejecución continúa siendo baja en términos reales, consolidando un escenario de restricción efectiva del gasto.

Gráfico 8. Presupuesto ejecutado ANDIS

En miles de millones de pesos. Valores constantes de 2024.

Fuente: Mecon

En este contexto, se implementaron modificaciones normativas y administrativas orientadas a intensificar los procesos de auditoría y revisión de pensiones no contributivas por invalidez. Si bien estas medidas fueron presentadas como mecanismos de control del gasto, su implementación se realizó sin una estrategia integral que garantizara el acceso a derechos, generando suspensiones, demoras en los pagos y un incremento de la incertidumbre para las personas beneficiarias.

Las dificultades operativas se ven reforzadas por la reducción de las capacidades institucionales del organismo. La disminución de recursos humanos, la rotación de autoridades y la reconfiguración de funciones internas afectaron la capacidad de ANDIS para articular con provincias, prestadores y organizaciones de la sociedad civil, debilitando su rol como autoridad rectora en materia de políticas de discapacidad.

Asimismo, la falta de actualización adecuada de los valores de las prestaciones y aranceles reconocidos impactó negativamente sobre la sostenibilidad de los prestadores, particularmente en servicios de apoyo, rehabilitación y transporte, generando tensiones adicionales en el sistema de atención.

Conclusión

El análisis de los dos primeros años de gestión del gobierno de Javier Milei en materia de salud evidencia una orientación consistente hacia la retracción del Estado nacional, expresada en la caída real del financiamiento, la subejecución presupuestaria, la desarticulación de programas estratégicos y la desregulación de los subsistemas de seguridad social y medicina privada. Este conjunto de decisiones configura un cambio estructural en el rol del Estado como rector y coordinador del sistema sanitario.

Este proceso se expresa de manera particularmente crítica en áreas estratégicas como el acceso a medicamentos esenciales y la formación de la fuerza laboral en salud, donde las decisiones adoptadas impactan directamente sobre la continuidad de tratamientos y la disponibilidad futura de personal sanitario.

La evolución presupuestaria de los principales organismos nacionales refuerza este diagnóstico, mostrando deterioros significativos en términos reales que afectan la capacidad operativa, las funciones de regulación y la sostenibilidad de políticas dirigidas a poblaciones vulnerables. Al mismo tiempo, la inconsistencia de las proyecciones presupuestarias a futuro sugiere que la magnitud del ajuste podría profundizarse.

La contracara de este proceso es el traslado creciente de responsabilidades hacia las provincias. En un país federal, extenso y heterogéneo como la Argentina, esta dinámica profundiza las desigualdades territoriales: solo las jurisdicciones con mayor capacidad fiscal e institucional logran absorber, con grandes dificultades, el aumento de la demanda y el deterioro del sector privado, mientras que las restantes ven restringida su capacidad de respuesta.

En este contexto, el acceso a la salud se vuelve crecientemente dependiente del lugar de residencia, erosionando el principio de equidad del sistema y consolidando un escenario en el que las condiciones de atención y de vida están cada vez más determinadas por la provincia en la que se nace o se vive.

Descargar el informe aquí

1. El presente análisis no incluye el programa Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas, que se analiza más adelante en el marco de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ↩︎