Con los y las jubiladas sí
El Estado nacional tiene un enorme poder de negociación de los precios de medicamentos y cuenta con varias herramientas para efectuar las compras. No debería pagar por un medicamento el precio que se paga en forma particular en una farmacia (precio de venta al público). De esta forma, es posible garantizar el acceso gratuito a los medicamentos que las y los jubilados necesitan si se toma la decisión de priorizar esa inversión.